El mesías de Navaleno
El mesías de Navaleno
El soriano emergió como pujante empresario de la construcción decidido a dar con la entidad blanquilla un gran salto adelante que hiciera olvidar la anodina gestión de Alfonso Soláns junior.
Sin embargo, en menos de ocho años obró el milagro contrario: generó añoranza de la plácida medianía futbolera del cambio de siglo para, en un ritmo vertiginoso, ganar espacio un día tras otro, tanto él como sus principales empresas, en las crónicas judiciales. Lo hizo a base de deudas de récord --ninguna SAD española ha concursado con un pasivo como el del Real Zaragoza--, operaciones tan estrambóticas como irregulares --la finca de La Almunia o el chalet de Pozuelo, anuladas por los tribunales--, sospechas de fraude --Fiscalía le ha llevado ante el juzgado, junto con Paco Checa y Javier Porquera, por un presunto boquete tributario de 900.000 euros-- y una presencia estelar en varios de los principales asuntos de corrupción que investigan los tribunales aragoneses, como los casos saqueo y pagarés.
La Operación Molinos
La presencia de Agapito en los grandes sumarios no es nueva: su nombre ya salía en la operación Molinos. El constructor de Navaleno operó en La Muela a través de Inversiones Aguina, empresa en la que estaba asociado con Construcciones Sagain --su propietario, Iñaki Unsain, está condenado por fraude fiscal y es uno de los principales imputados de la operación Molinos-- y que compró 200.000 metros cuadrados con la pretensión de impulsar un centro comercial. Salió de esa sociedad unos días antes de la histórica redada, aunque su nombre seguía apareciendo en las conversaciones telefónicas que grabó el Grupo de Blanqueo.
José Carlos Fernández Delgado, otro de los principales encartados en el caso La Muela, le contó a uno de sus socios que Patxi Aramburu --ejecutivo de Sagain y también encartado-- era socio del presidente del Zaragoza (sic), "que es el niño bonito del PSOE en Aragón y el empresario de moda". En otra intervención, el mismo empresario explicaba cómo la entonces alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, le había confiado que tenía la intención de tocar a Agapito para llegar hasta la cúpula del Pignatelli en su presuntamente interesada cruzada por desbloquear el proyecto del SR-1, una operación que ha generado una veintena de imputaciones judiciales.
Eso era a finales de la pasada década, pasada la Expo, cuando las empresas de Agapito Iglesias llevaban años acaparando concesiones de obra pública en la comunidad y él se había convertido en el empresario estrella de Plaza, un complejo logístico impulsado por la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza y las cajas de ahorro cuya gestión es ahora objeto de cuatro investigaciones judiciales. "Teníamos que ser los más ricos y los más chulos. En ese ambiente se creó Plaza", le dijo el 16 de mayo un imputado al juez que instruye el caso saqueo.
Los pleitos
Al Real Zaragoza solo le faltó litigar bajo el control de Agapito en dos jurisdicciones: la militar y la canónica. El propio constructor se enzarzó, al poco tiempo de hacerse con el control accionarial de la entidad deportiva, en un enrevesado cruce de demandas en los juzgados de Primera Instancia con el anterior socio mayoritario, Alfonso Soláns, por el pago de la operación. Los Contenciosos fueron escenario del litigio por la recalificación de las oficinas, que la empresa deportiva ganó tan tarde que no tenía capacidad ni liquidez para afrontar la promoción de pisos. La SAD, frecuente litigador en los tribunales de lo Social con algunos de sus exjugadores, protagonizó en su día el concurso de acreedores de mayor envergadura del fútbol español, tramitado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de la capital aragonesa.
El anuncio de la operación de venta de los títulos de Iglesias coincidió con el debut del Real Zaragoza en la jurisdicción penal, en la que una denuncia de la Fiscalía señala a la entidad como responsable civil subsidiario de un presunto fraude fiscal de 900.000 euros del que, de confirmar su existencia una sentencia, podrían derivarse responsabilidades económicas de más de seis millones de euros.
El Real Zaragoza SAD ha sido en los últimos años un visitante habitual de los tribunales. Los administradores concursales reflejaron en su informe este estresante panorama: cuando la compañía deportiva se declaró insolvente estaba envuelta en 36 pleitos en la justicia ordinaria y en 20 en la deportiva, en la que temía la apertura de otros tres frentes. Uno de ellos, el del fichaje de Diego Estrada, terminó recientemente con una sanción de 486.000 euros. La operación de las oficinas es una de las claves del paso de Iglesias. Al poco de hacerse con el control de la SAD, el ayuntamiento recalificó el edificio de las oficinas, que iban a ser derruidas para dejar sitio a un bloque de apartamentos de lujo que iban a ser vendidos a 3.000 euros el metro cuadrado. Eso era en el 2007, y el pelotazo lo iba a dar Zaragoza Real Estate, la filial inmobiliaria de Real Zaragoza SAD.
Pero esta entró en liquidación en el 2012 con una deuda de 7,89 millones, casi la mitad de ellos --3,56-- con Hacienda. El edificio fue a parar a manos de la inmobiliaria de Ibercaja, Cerro Murillo, en una dación en pago materializada en la primavera del 2011. Para entonces, las oficinas de la plaza Eduardo Ibarra llevaban años anotadas como un activo millonario.
El fisco y el concurso
La Agencia Tributaria y el Real Zaragoza SAD no se han llevado bien, aunque también es cierto que el fisco fue magnánimo con la compañía deportiva, que en el 2012 acumulaba una deuda de más de treinta millones que siguió creciendo.
Fue Hacienda --también la APARZ, la peleona Asociación de Pequeños Accionistas del Real Zaragoza-- quien le pidió a la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza, Carmen Vilellas, que ordenara la rescisión de operaciones como la compra de la finca de La Almunia y la adquisición de una opción de compra sobre un chalet de lujo en Pozuelo de Alarcón.
Iglesias se había hecho con esas propiedades para incluirlas como garantía en el convenio por el que el fisco aceptó aplazar la ejecución de la deuda antes de que el Zaragoza se declarara insolvente. De hecho, se la ofreció tres meses antes de comprarla.
La historia de la finca es una prueba del nueve de la dureza del papel: soporta cualquier cosa que se escriba sobre él. Su precio se multiplicó por 18 desde que el ayuntamiento la vendió en el 2007 hasta que, en el 2011, ADL Techonology --empresa dirigida por Javier Bazaco, ejecutivo de cabecera de Iglesias, y filial de otra firma participada por el soriano-- recibió por ella 2,5 millones de euros --la operación generó un IVA de 450.000-- mediante un pagaré procedente de la venta de Ander Herrera --1,125 millones-- y avales entregados a Zaragoza Real Estate.
El precio de ese suelo, que sigue sin ser desarrollado, iba encareciéndose conforme la crisis económica iba agravándose y mientras iba pasando por las manos de personas afines al constructor soriano, como una de las empresas de Iñaki Unsain, un exsocio del constructor soriano condenado por fraude fiscal e imputado en el caso La Muela.
La jueza consideró que tanto esta operación como la adquisición de la opción de compra del chalet de Pozuelo resultaron lesivas para el patrimonio del Real Zaragoza SAD. La empresa deportiva traspasó en el 2011 a su filial inmobiliaria los derechos sobre el edificio.
Una empresa catalana llamada Promart acordó el 1 de abril del 2008 comprar a Stalia Real Estate --sociedad dueña de ADL Technology y de la que Iglesias es consejero-- el chalet por 2.407.500 euros. Entregó 887.500 y quedaban pendientes de pago 1.520.000, cuyo desembolso quedó pospuesto a la entrega de las llaves.
El 23 de marzo del 2010, Real Zaragoza SAD se subrogó por 500.000 euros --467.289 más IVA, que cubrió con uno de los pagarés que libró el Betis por el traspaso de Sergio García-- en la opción de compra existente a favor de Promart. El 30 de abril del 2011, la compañía deportiva cedió los derechos de compra a su filial inmobiliaria. El último frente entre Hacienda y el Real Zaragoza se abrió hace unas semanas, cuando la Agencia Tributaria llevó a tres gestores de la SAD --Iglesias, Francisco Checa y Javier Porquera-- ante la Fiscalía como presuntos autores de un fraude fiscal por, presuntamente, el impago de 900.000 euros que figuraban como retenidos a cuenta del IRPF en las nóminas de los empleados --futbolistas, básicamente-- en el 2010.
El ministerio público, tras efectuar una serie de diligencias, puso el asunto en conocimiento de los tribunales, en una denuncia que señala al Real Zaragoza como responsable civil subsidiario del presunto delito. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa, Alfonso Tello, tiene el legajo sobre su mesa. Este juez investiga uno de los cuatro casos Plaza. Iglesias está imputado en dos de ellos: el saqueo y el pagarés.
Plaza
Las investigaciones de la Brigada de Blanqueo de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) lo señalan como uno de los empresarios que, presuntamente, pagaron peajes al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, a través de Pulsar, la empresa de las hijas de este. Las pesquisas señalan que Multiinversiones 2005, filial de Codesport, pagó 58.000 euros (50.000 más IVA) por un estudio fechado antes de que esa sociedad hubiera sido constituida.
Iglesias declaró que todo estaba en regla. Y especificó que los contactos con Pulsar los llevaba José Antonio Gómez de la Fuente, un ejecutivo de su grupo fallecido hace unos años. Agapito, sin embargo, ha ocupado más espacio en los medios por su imputación en el caso pagarés, en el que dos informes periciales señalan que la empresa pública Plaza pagó a Codesport un precio superior al real por los trabajos de construcción de las naves de Autocity: 6,5 millones --sin IVA-- según un estudio encargado por los actuales responsables de la plataforma logística, y más de 16 --el doble del coste-- según el perito judicial.
En la causa aparecen imputados tres exaltos cargos del complejo logístico: su primer y único consejero delegado, Carlos Escó; su exgerente, Ricardo García Becerril, y el exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez. El Grupo de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía de Aragón rastrea el destino de cinco pagarés por un monto de 8,7 millones que emitieron los dos primeros sin informar al consejo de administración mientras Hacienda chequea los patrimonios de los cuatro.
El juez, el magistrado Francisco Picazo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, les ha impuesto a todos ellos una fianza de responsabilidad civil de 18,85 millones de euros que deben depositar de manera conjunta y solidaria. Iglesias puso a disposición del tribunal, entre otros bienes que controlas tres de sus empresas, sus acciones del Real Zaragoza SAD para cubrir la fianza. Picazo, que le retiró el pasaporte ante el riesgo de que se fugara vía Perú, le dijo que debía consignar el dinero que pudiera obtener por su venta en un auto en el que le advertía que, de lo contrario, podría incurrir en un delito de alzamiento de bienes. La noticia de ayer cierra una parte del tormentoso horizonte penal del mesías de Navaleno.
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