jueves, 15 de enero de 2015

QUE COSAS

El caso es que según Paco Checa, imputado como dice la noticia, todo zaragocista que fuera denunciado por la policía por cualquier acción relacionado por el fútbol sería expulsado de La Romareda sin esperar a la sentencia judicial.
Ahora él es el denunciado por la policía por un asunto relacionado con el fútbol y no solo por una infracción administrativa sino que se le imputa delito...¿se autoexpulsara de nuestro estadio? ¿el reglamento interno solo se va a cumplir con los tontos que pagan su abono? ¿si eres un delincuente de guante blanco no te afecta el resto de las normas?

Agapito Iglesias, a la salida de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. - Foto: ÁNGEL DE CASTROUna jueza admite la querella por el Levante-Real Zaragoza

Los 42 investigados por el presunto amaño deberán comparecer en un juzgado de Valencia


Transcurrirá aún bastante tiempo antes de que se sepa si el procedimiento iniciado ayer va a llegar a juicio, pero el Real Zaragoza está un paso más cerca de pasar a la historia como el primer club condenado por la compra de un partido de fútbol en España. Todo viene de otros tiempos y otros dirigentes, ya se sabe, pero las consecuencias las podría pagar el club aragonés, algunos de sus jugadores y, evidentemente, su afición, que tendrá que soportar una soflama nacional más que unir a la pérdida de prestigio que le ha supuesto el paso por La Romareda de Agapito Iglesias.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia decidió ayer admitir a trámite la querella por el supuesto amaño del Levante-Zaragoza del 21 de mayo del 2011, aquel que supuso la permanencia del equipo aragonés y condenó al Deportivo a Segunda. Por cierto que el club gallego ya anunció que se iba a personar en la causa, al sentirse "muy perjudicado en sus intereses, no solo patrimoniales, sino emocionales".
Entre los 42 investigados por el presunto tongo se encuentran el Real Zaragoza como persona jurídica, y Agapito Iglesias, Javier Porquera, Paco Checa y Javier Aguirre, junto a los jugadores: Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo da Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio Nóbrega, Leo Ponzio, Gabi Fernández, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Ikechukwu Uche, Adam Pinter, Javier Paredes, Leo Franco, Jiri Jarosik, Nicolás Bertolo, Said Boutahar y Ángel Lafita.
En su querella, el fiscal Luzón decidió apuntar directamente a Agapito, Porquera, Checa, Prieto, Aguirre y los tres capitanes (Gabi, Ponzio y Jorge López) como presuntos urdidores del amaño. Eso sí, "con la anuencia del resto de jugadores". A tal fin, se estableció que se entregarían "965.000 euros a los jugadores del Levante a cambio de que estos permitieran al Zaragoza ganar el partido".
El fiscal aportó, como prueba indiciaria, los ingresos que el 17 y el 19 de mayo hicieron Antonio Prieto (50.000 y 35.000), Javier Aguirre (50.00 y 35.000), Lanzaro (50.000 y 40.000), Ander Herrera (50.000 y 40.000), Doblas (50.000 y 40.000), Da Silva (50.000 y 40.000), Braulio (50.000 y 40.000), Ponzio (50.000 y 35.000), Gabi (50.000 y 35.000), Jorge López (50.000 y 40.000) y Diogo (50.000 y 35.000). Las transferencias se ejecutaron desde una oficina de Bankinter en Boadilla del Monte (Madrid). "Para satisfacer el acordado pago del soborno, los días 19 y 20 de mayo de 2011 los destinatarios de los fondos extrajeron en efectivo de sus cuentas las cantidades recibidas del Zaragoza", que luego trasladarían en metálico a los jugadores del Levante.

SIN NOTIFICACIÓN OFICIAL

El Real Zaragoza no ha recibido ninguna comunicación sobre este asunto, aunque ya anunció en su momento que no tiene "conocimiento de estos supuestos hechos" y que "en el caso de ser ciertos los sucesos ahora trasladados al juez, estos se habrían llevado a cabo para el beneficio personal y particular de terceras personas, pero nunca en favor del Real Zaragoza".
El asunto está en saber qué le podría ocurrir al Real Zaragoza en el caso de ser condenado. Hay que remitirse al artículo 33.7 del Código Penal (ver gráfico), que recoge desde una simple multa económica, que es lo que se espera en el seno del actual Consejo, hasta la disolución, algo que no se contempla. Además, puede ser condenado a la suspensión de actividades, la clausura de sus locales, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, la intervención judicial... Un asunto bien diferente es el de los futbolistas y, sobre todo, el de los directivos. Todos pueden ser castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, una inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años, y una multa del tanto al triple del valor del beneficio o ventaja. Todos los acusados, no obstante, negaron ante la Fiscalía que el partido estuviese amañado.

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