El Zaragoza solicita concurso voluntario
Los abogados de la SAD presentaron ayer la documentación en los Juzgados y, dentro de unos días, el juez decidirá si interviene la entidad. Agapito no perdería el control de la gestión.
El Real Zaragoza solicitó ayer acogerse a concurso voluntario de acreedores por su estado de insolvencia. Los abogados representantes de la SAD zaragocista presentaron la documentación en las ventanillas del registro de los Juzgados de la Plaza del Pilar y dieron comienzo así al proceso judicial. Ahora, en un periodo de entre 15 o 30 días, el juez decidirá si la entidad que preside Agapito Iglesias queda intervenida, siempre con el máximo accionista al frente de la gestión ulterior. Cuatro son los letrados que van a conducir el procedimiento de parte del Real Zaragoza: Alfonso Gracia, del despacho CIMBRA; Javier Castrodeza, de Cuatrecasas; Javier Ferreiro y Julio Senn, estos dos de Garrigues.
Tras más de dos años intentando evitar la desembocadura en la ley concursal, circunstancia que siempre generó profundo rechazo en Agapito y en los principales resortes sobre los que se ha sustentado la vida de la SAD en el último lustro, el máximo dirigente del Real Zaragoza no ha tenido más opción que acudir a esta figura jurídica para intentar reflotar la sociedad en una situación límite. El balance actual recoge un pasivo de alrededor de 130 millones de euros brutos -107 netos- y tiene comprometida una deuda a terceros que supera los 90 millones.
El tremendo peso de este balance negativo, acrecentado en el último año por la pésima situación económica mundial que también ha afectado de lleno a la burbuja del fútbol profesional en todos sus segmentos, ha imposibilitado que el plan de viabilidad que Agapito presentó a las cajas de ahorros en mayo de 2010 haya podido consolidarse como mecanismo de supervivencia. Aquella estrategia diseñada por la empresa Deloitte para reducir radicalmente la deuda en un plazo de seis años ha terminado no siendo útil y el Real Zaragoza se ha visto abocado al concurso de acreedores irremediablemente.
Agapito ha acudido al concurso voluntario dos meses después de que tuviera que evitar la concurrencia al concurso necesario por una denuncia que interpuso Ángel Torres, el presidente del Getafe. El dirigente madrileño optó por esa drástica medida para solicitar el abono de un pagaré de 950.000 euros que no pudo retirar a 31 de marzo, fecha de su vencimiento, correspondiente a uno de los plazos pactados en su día por el traspaso de Uche. Un acuerdo posterior entre ambas entidades favoreció la retirada de dicha demanda, pero dejó advertido seriamente a Agapito de que, cualquier acreedor -de los muchos que aguardan cobrar desde hace años- podía acabar arrastrando a la SAD a una situación indeseada en la que él perdería por completo el control de la gestión (esa es la gran diferencia del concurso voluntario respecto del necesario).
Dos cuestiones han resultado cruciales en el último mes y medio para que Agapito haya acabado viendo el concurso como un mal menor y no como un oprobio. La primera, el acuerdo múltiple de reducción y refinanciación de la deuda al que llegó con las cajas aragonesas, Ibercaja, CAI y Cajalón, el 27 de abril. La segunda, la permanencia del equipo en Primera División, consumada el 21 de mayo, que permite mantener en pie el acuerdo sobre los derechos de televisión que, a través del 'lobby' del G-6, va a rubricar con el grupo Prisa Digital para los próximos tres años. Esto va a significar una potente cimentación de la SAD para poder seguir peleando la continuidad en la élite del fútbol español temporada a temporada, mientras se enjuga paulatinamente el gran agujero de débitos que ahoga actualmente a la compañía.
Además de estos dos referentes de presente, un tercero con vocación de futuro ha completado la decisión de Agapito de llevar al Zaragoza al concurso de acreedores. Todos los dirigentes del fútbol español están advertidos de que, a partir del próximo verano de 2012, en solo doce meses, la normativa legal va a cambiar sustancialmente y su aplicación como solución a las deudas millonarias de las entidades futbolísticas será muchísimo más severa de lo que lo es actualmente (la modificación de esta ley no tendrá carácter retroactivo en ningún caso).
Desde ayer, ha dado comienzo la «nueva era» que anunció Agapito. Los cambios se adivinan notables.
El Real Zaragoza solicitó ayer acogerse a concurso voluntario de acreedores por su estado de insolvencia. Los abogados representantes de la SAD zaragocista presentaron la documentación en las ventanillas del registro de los Juzgados de la Plaza del Pilar y dieron comienzo así al proceso judicial. Ahora, en un periodo de entre 15 o 30 días, el juez decidirá si la entidad que preside Agapito Iglesias queda intervenida, siempre con el máximo accionista al frente de la gestión ulterior. Cuatro son los letrados que van a conducir el procedimiento de parte del Real Zaragoza: Alfonso Gracia, del despacho CIMBRA; Javier Castrodeza, de Cuatrecasas; Javier Ferreiro y Julio Senn, estos dos de Garrigues.
Tras más de dos años intentando evitar la desembocadura en la ley concursal, circunstancia que siempre generó profundo rechazo en Agapito y en los principales resortes sobre los que se ha sustentado la vida de la SAD en el último lustro, el máximo dirigente del Real Zaragoza no ha tenido más opción que acudir a esta figura jurídica para intentar reflotar la sociedad en una situación límite. El balance actual recoge un pasivo de alrededor de 130 millones de euros brutos -107 netos- y tiene comprometida una deuda a terceros que supera los 90 millones.
El tremendo peso de este balance negativo, acrecentado en el último año por la pésima situación económica mundial que también ha afectado de lleno a la burbuja del fútbol profesional en todos sus segmentos, ha imposibilitado que el plan de viabilidad que Agapito presentó a las cajas de ahorros en mayo de 2010 haya podido consolidarse como mecanismo de supervivencia. Aquella estrategia diseñada por la empresa Deloitte para reducir radicalmente la deuda en un plazo de seis años ha terminado no siendo útil y el Real Zaragoza se ha visto abocado al concurso de acreedores irremediablemente.
Agapito ha acudido al concurso voluntario dos meses después de que tuviera que evitar la concurrencia al concurso necesario por una denuncia que interpuso Ángel Torres, el presidente del Getafe. El dirigente madrileño optó por esa drástica medida para solicitar el abono de un pagaré de 950.000 euros que no pudo retirar a 31 de marzo, fecha de su vencimiento, correspondiente a uno de los plazos pactados en su día por el traspaso de Uche. Un acuerdo posterior entre ambas entidades favoreció la retirada de dicha demanda, pero dejó advertido seriamente a Agapito de que, cualquier acreedor -de los muchos que aguardan cobrar desde hace años- podía acabar arrastrando a la SAD a una situación indeseada en la que él perdería por completo el control de la gestión (esa es la gran diferencia del concurso voluntario respecto del necesario).
Dos cuestiones han resultado cruciales en el último mes y medio para que Agapito haya acabado viendo el concurso como un mal menor y no como un oprobio. La primera, el acuerdo múltiple de reducción y refinanciación de la deuda al que llegó con las cajas aragonesas, Ibercaja, CAI y Cajalón, el 27 de abril. La segunda, la permanencia del equipo en Primera División, consumada el 21 de mayo, que permite mantener en pie el acuerdo sobre los derechos de televisión que, a través del 'lobby' del G-6, va a rubricar con el grupo Prisa Digital para los próximos tres años. Esto va a significar una potente cimentación de la SAD para poder seguir peleando la continuidad en la élite del fútbol español temporada a temporada, mientras se enjuga paulatinamente el gran agujero de débitos que ahoga actualmente a la compañía.
Además de estos dos referentes de presente, un tercero con vocación de futuro ha completado la decisión de Agapito de llevar al Zaragoza al concurso de acreedores. Todos los dirigentes del fútbol español están advertidos de que, a partir del próximo verano de 2012, en solo doce meses, la normativa legal va a cambiar sustancialmente y su aplicación como solución a las deudas millonarias de las entidades futbolísticas será muchísimo más severa de lo que lo es actualmente (la modificación de esta ley no tendrá carácter retroactivo en ningún caso).
Desde ayer, ha dado comienzo la «nueva era» que anunció Agapito. Los cambios se adivinan notables.
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